Ruiz Massieu, aseveró que con esta se reforma se violenta el principio de presunción de inocencia (Foto: Archivo)
Por: Alberto Valderrábano
Ciudad de México (Rasainforma.com).- A pesar de las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la mayoría del senado aprobó modificaciones a la Constitución, para la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, a los delitos de corrupción, robo de hidrocarburos o huachicoleo, feminicidio, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, desaparición forzada de personas.
La modificación se aprobó con 91 votos a favor y 18 en contra. Claudia Ruiz Massieu, presidenta nacional del PRI, aseveró que con esta se reforma se violenta el principio de presunción de inocencia.
“Utilizando la prisión preventiva como un castigo, es desnaturalizar una medida preventiva, una medida cautelar y buscar convertirla en una pena en sí misma, en un castigo. Creo que debemos respetar el espíritu del sistema penal acusatorio: la presunción de inocencia como derecho fundamental a preservar”.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, también cuestionó los cambios. 
“Si se aprueba este dictamen bastara que se señale a una persona como corrupta, como huachicolera, como asaltante de transporte, para que se le mantenga en prisión. No firmemos la sentencia de muerte del nuevo sistema de justicia penal, no nos va a resolver los problemas de conflicto y de inseguridad en nuestro país”.
Emilio Álvarez Icaza, ex ombudsman de la Ciudad de México y senador sin partido, manifestó su desacuerdo con esta reforma, porque los cambios al artículo 19 de la Carta Magna significan una regresión, un error y una violación a los derechos humanos.
 
Se prevé que la prisión preventiva oficiosa aplique también para otros delitos:
Abuso sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y aquellos que se cometan con violencia.
Hay que destacar que el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirmó que la prisión preventiva oficiosa para estos delitos representa un debilitamiento de los derechos y garantías a la presunción de inocencia, al debido proceso, la libertad, seguridad e integridad personal, así como a la independencia judicial, la igualdad y la no discriminación.
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